
El Solidario. Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.
Una investigación con trasfondo político
El periodismo independiente en España enfrenta un nuevo desafío tras la imputación de periodistas de seis medios por parte del Juzgado de Instrucción nº20 de Madrid. Entre ellos se encuentra Loreto Ochando, jefa de tribunales de ElPlural.com, acusada de revelación de secretos por un artículo de opinión publicado en noviembre de 2024. En él cuestionaba las actuaciones del juez Ángel Hurtado en el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La causa tiene su origen en la filtración de actas de la Guardia Civil durante el registro del despacho del fiscal general, vinculado a una denuncia del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las publicaciones señalaban contradicciones en los horarios del operativo, lo que motivó el análisis crítico de los hechos por parte de varios medios.
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La libertad de prensa en entredicho deja a seis medios señalados por dos denuncias
En total, los periodistas imputados provienen de ElPlural.com, elDiario.es, El Mundo, El País, 20 minutos y El Español. Las denuncias fueron interpuestas por el propio González Amador y por la Fiscalía General del Estado, por la difusión de mensajes internos y documentos relativos al registro judicial. La justicia ha abierto dos causas paralelas que podrían sentar un precedente preocupante para el ejercicio libre de la información.
El caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito mediático. Organizaciones profesionales y asociaciones de periodistas consideran que estas imputaciones representan un intento de intimidación judicial contra la prensa, que podría derivar en una forma encubierta de censura. El riesgo de que la publicación de hechos verificados se criminalice supone una amenaza directa a uno de los pilares de la democracia.
El derecho a la información no es solo una garantía profesional para periodistas, sino un bien común para toda la ciudadanía. Cuando la prensa es perseguida por investigar o cuestionar el poder, se pone en juego algo más que la libertad de expresión, se debilita la transparencia pública y se erosiona el control democrático. El periodismo libre no puede sentarse en el banquillo por cumplir con su deber. Hoy más que nunca, defender a quienes informan es defender nuestra democracia.
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