En un acto de resistencia y solidaridad, la presión social ha logrado frenar un macrodesahucio que amenazaba con dejar en la calle a una veintena de familias en La Pobla de Mafumet, Tarragona. Este triunfo se debe a la intervención del Sindicato de Vivienda de Reus, que encabezó las negociaciones con la Sareb, la entidad propietaria de los inmuebles.
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El desahucio estaba programado para el 28 de noviembre, afectando a familias que, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones de pago, se encontraron en una situación de vulnerabilidad debido a la ejecución hipotecaria iniciada por la Sareb. Esta entidad, conocida como el «banco malo«, fue creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos heredados de la crisis financiera de 2008.
La lucha por una vivienda digna
Los vecinos, organizados bajo el paraguas del sindicato, han vivido meses de incertidumbre y angustia. «Nos vimos obligados a hacer ruido, hasta que no lo hicimos, no escucharon nuestras peticiones», lamenta Arnau, uno de los afectados. La negociación ha sido «cruel», manteniendo la incertidumbre hasta el último momento, lo que ha generado problemas de salud entre las familias.
La situación de emergencia habitacional en Tarragona es alarmante. Según datos del Ayuntamiento de Tarragona, se registran entre uno y tres desahucios al día, aunque el 80% logra frenarse gracias a la intervención de los servicios sociales. Sin embargo, la moratoria que suspende los desahucios finaliza el 30 de junio, lo que podría agravar la crisis.
La situación en Tarragona no es aislada. En toda España, miles de familias viven bajo la amenaza de perder sus hogares debido a la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda adecuada. Los fondos buitre y las grandes empresas inmobiliarias se han convertido en los principales actores de este mercado, priorizando el beneficio económico por encima de las necesidades sociales.
La suspensión del desahucio en Tarragona es un ejemplo del poder de la fuerza colectiva y la importancia de la solidaridad en la defensa de los derechos humanos y el derecho a una vivienda digna. Es crucial que la sociedad continúe luchando por la justicia social y la protección de los más vulnerables.
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