La Mesa Social del Agua en Andalucía recuerda que el agua es un bien público
Reyes Lamprea 
Archivo: El Solidario
La Mesa Social del Agua de Andalucía hace un llamado urgente a gestionar el agua como un bien público, destacando la importancia de la transparencia en las decisiones relativas al origen, destino, volúmenes, usos y precios del agua. Esta postura es crucial para considerar adecuadamente los factores económicos, sociales y ambientales que afectan la reasignación de los recursos hídricos.
Advierte contra olvidar las lecciones del prolongado ciclo de sequía que todavía afecta a partes de Andalucía. La sobreexplotación de los recursos hídricos y el deterioro de los ecosistemas acuáticos son considerados factores claves en la crisis del agua en la región.
Gestión de inundaciones y equidad
La Mesa Social del Agua sostiene que la gestión de inundaciones y sequías requiere un cambio en línea con el marco legal europeo, estatal y autonómico, aplicando criterios de equidad y una transición justa. Esto incluye la adaptación de la urbanización, las infraestructuras de transporte, las actividades agrarias y forestales a los riesgos específicos de cada territorio. La organización subraya la necesidad de eliminar construcciones en zonas de alto riesgo de inundación, implementar medidas de retención de agua en áreas agrarias y sistemas de drenaje sostenibles en las ciudades.
Propuestas y adaptaciones
Las inundaciones representan un desafío significativo para las comunidades locales, especialmente con el aumento de eventos climáticos extremos. La Mesa Social del Agua aboga por la preparación y planificación rigurosa para minimizar los daños a personas, bienes y ecosistemas. Esto implica adaptar las infraestructuras y actividades humanas a cada área.
La crisis estructural del agua en Andalucía se ve agravada por la sobreexplotación y el deterioro de ríos, humedales y acuíferos. La organización insiste en que es crucial redefinir el modelo de gestión del agua. Pide una mejora en la gestión de los recursos subterráneos, enfatiza la importancia de una política fiscal que sostenga un sistema público capaz de prever y actuar eficazmente frente a sequías e inundaciones. Recalca que la gestión del agua debe modularse con criterios sociales, protegiendo los derechos de los sectores vulnerables y asegurando la supervivencia de la agricultura familiar y profesional.
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