La Justicia llama a declarar a la cúpula policial de Rajoy por la guerra sucia contra Podemos
Fausto 
Ilustración: El Solidario. Durante los años en que el PP ostentaba el poder, se habrían ejecutado maniobras ilegales que incluían la creación de informes falsos y el uso de fondos reservados para espiar a dirigentes de Podemos.
El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha citado a declarar como investigados a varios altos mandos policiales del gobierno de Mariano Rajoy, en el marco de la investigación por la llamada «guerra sucia» contra Podemos.
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Este escándalo, que ha sacudido las instituciones españolas, expone una trama de espionaje y operaciones encubiertas presuntamente dirigidas desde las altas esferas del Partido Popular (PP) para desestabilizar a la formación liderada por Pablo Iglesias.
En el centro de esta investigación se encuentran figuras como Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, y José Manuel Villarejo, el controvertido excomisario que ha sido protagonista de numerosos escándalos de corrupción en España.
Ambos son acusados de participar en una operación ilegal que utilizó recursos del Estado para orquestar campañas de desprestigio contra Podemos, mediante el espionaje y la manipulación de información.
Podemos, en la mira de la ‘guerra sucia’
La llamada «guerra sucia» contra Podemos fue un intento de frenar el ascenso de este partido emergente, que amenazaba con romper el tradicional bipartidismo español.
Durante los años en que el PP ostentaba el poder, se habrían ejecutado maniobras ilegales que incluían la creación de informes falsos y el uso de fondos reservados para espiar a dirigentes de Podemos. La meta era clara: debilitar la imagen pública de la formación de izquierdas y frenar su crecimiento político.
Diversos medios han revelado detalles de esta trama, señalando que la operación fue diseñada para erosionar la credibilidad de Podemos a través de campañas mediáticas basadas en información falsa.
Este escándalo ha puesto de relieve la connivencia entre sectores del poder político y las fuerzas de seguridad, así como el uso indebido de las instituciones del Estado para fines partidistas.
El proceso judicial abierto busca esclarecer hasta qué punto las altas esferas del Ministerio del Interior estaban implicadas en estas prácticas ilegales. Desde Podemos, se ha denunciado este caso como un atentado contra la democracia y la ética política en España, exigiendo que se depuren todas las responsabilidades, tanto políticas como penales.
Este escándalo es una nueva mancha en el legado del Partido Popular, que se enfrenta a una creciente presión para asumir responsabilidades por los numerosos casos de corrupción y abuso de poder durante su mandato.
La sociedad española espera que la justicia actúe con firmeza y que este caso marque un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el país.
FUENTE: eldario.es
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