Fausto 
El Solidario. Más de 7.000 mayores fallecieron en esos centros durante la pandemia en Madrid.
Un juzgado ha imputado a dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de exclusión sanitaria que impidieron el traslado hospitalario de miles de mayores durante la primera ola del COVID-19. Se trata de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, señalados por participar en la elaboración y difusión de instrucciones que condenaron al abandono a personas vulnerables en residencias.
Por fin, la impunidad política que ha cubierto como un manto los crímenes sociales cometidos en las residencias madrileñas comienza a resquebrajarse. Más de 7.000 mayores fallecieron en esos centros durante la pandemia, y muchos lo hicieron sin acceso a atención hospitalaria, por decisión deliberada de la Comunidad de Madrid. No fue negligencia, fue una política planificada de exclusión sanitaria.
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Hoy, Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria, y Francisco Javier Martínez Peromingo, entonces director general de Hospitales, han sido llamados por un juzgado a rendir cuentas como imputados. Su vinculación con los protocolos que descartaban el traslado de mayores con dependencia o deterioro cognitivo está documentada, y sus consecuencias son devastadoras.
Mientras la presidenta Ayuso sigue escudándose en argumentos técnicos, los familiares de las víctimas llevan cuatro años clamando por justicia. No se trató de falta de camas, como se intentó justificar; hubo hospitales con alas enteras vacías, como el Hospital de Ifema, mientras en las residencias se apilaban los cadáveres. El daño no fue solo físico: fue un acto institucional de desprecio a la vida de los más vulnerables.
Esta imputación no repara la pérdida, pero envía un mensaje claro: los crímenes sociales no pueden quedar impunes por conveniencia política. Es hora de abrir todas las ventanas, de que la justicia mire donde hasta ahora solo ha habido silencio.
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