Alfonsina 
Fotografía del Patronato de Protección a la Mujer / El Solidario
Durante el siglo XX, instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer en España y las Lavanderías de la Magdalena en Irlanda fueron utilizadas para reprimir y castigar a mujeres que no se ajustaban a las normas sociales de la época. Este oscuro capítulo de la historia reciente permanece en gran medida desconocido, incluso entre miembros de altas esferas gubernamentales.
El Patronato fue una entidad que, bajo la apariencia de protección y moralidad, encerraba a mujeres consideradas «desviadas» o «caídas«, por ejemplo: quienes perdieron la virginidad previamente al matrimonio. Es decir -antes, durante la represión franquista y posterior a ella- fue un instrumento contra las mujeres y de control de la sexualidad.
Las Lavanderías funcionaron de manera similar. Mujeres jóvenes eran internadas y obligadas a realizar labores extenuantes sin remuneración, bajo el pretexto de redimir sus supuestos pecados. Testimonios, películas y obras de teatro revelan cómo las internas eran despojadas de sus pertenencias y sometidas a tratos inhumanos. Ambos centros buscaban reformar a aquellas que se alejaban de los roles tradicionales asignados por la sociedad, sometiéndolas a estrictas disciplinas y trabajos forzados.
Es alarmante que, a día de hoy, muchas personas, incluida la ministra española de Igualdad Ana Redondo, desconozcan la existencia y funcionamiento de estas instituciones. Este vacío en la memoria colectiva impide una reflexión profunda sobre las políticas de género y control social que afectaron a miles de mujeres y otros colectivos marginados tanto en Europa como en otras partes del mundo.
La sociedad civil española ha comenzado a movilizarse para exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas, siguiendo el camino del caso irlandés. Ya que es fundamental que se reconozcan estos abusos y se integren en la narrativa histórica oficial para evitar su repetición. Junto con la resignificación de los centros en espacios de vida, cultura y memoria. Por ello, es clave resaltar las políticas de reparación histórica: incluir a las sobrevivientes dentro de los supuestos de víctima del artículo 3 de la Ley de memoria democrática.
Reflexionar sobre el pasado reciente es esencial para comprender las estructuras de opresión que aún persisten. Solo a través de la visibilización y la educación podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde la dignidad de todas las personas sea respetada y protegida.
Fuentes: El Salto, BOE.
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