La burocracia retrasa la eutanasia de Laura mientras el cáncer avanza sin tregua
María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen tomada de que.es : El Solidario Laura, quien ha militado durante casi dos décadas en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), se encuentra en la unidad de cuidados paliativos del hospital Meixoeiro de Vigo.
En un conmovedor testimonio, Laura Fernández, activista por el derecho a morir dignamente, enfrenta una lucha desesperada contra el cáncer y la burocracia.
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Diagnosticada con un melanoma uretral grave, Laura ha decidido no someterse a tratamientos agresivos y, en cambio, busca una eutanasia digna antes de que el cáncer la consuma. Sin embargo, la lentitud de los trámites administrativos amenaza con arrebatarle la posibilidad de decidir sobre su propio final.
Laura, quien ha militado durante casi dos décadas en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), se encuentra en la unidad de cuidados paliativos del hospital Meixoeiro de Vigo. A pesar de su determinación y claridad mental, la Xunta de Galicia no permite atajos en el proceso de solicitud de eutanasia para quienes conservan la capacidad de decidir. Esta situación refleja una burocracia que, en lugar de facilitar, obstaculiza el derecho a una muerte digna.
El caso de Laura no es aislado. Según datos de la asociación DMD, un tercio de los solicitantes de eutanasia en Galicia fallecen antes de que se complete el proceso. Este retraso no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también de dignidad y libertad. La falta de un procedimiento abreviado para casos urgentes pone en evidencia la necesidad de reformar el sistema para que responda a las necesidades de los pacientes terminales.
Derecho a morir dignamente
La historia de Laura ha resonado en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo y solidaridad. Hashtags como #DerechoAMorirDignamente y #EutanasiaYa se han viralizado, generando un debate sobre la necesidad de agilizar los trámites burocráticos en casos de eutanasia. La comunidad online ha mostrado su indignación ante la ineficiencia del sistema y ha exigido una respuesta rápida y humana.
En Galicia, 128 médicos se han declarado objetores en los procesos de derecho a la eutanasia, lo que complica aún más la situación para los pacientes que buscan una muerte digna. La falta de personal dispuesto a llevar a cabo estos procedimientos añade una capa adicional de dificultad para quienes, como Laura, desean ejercer su derecho a decidir sobre su propio final.
La historia de Laura Fernández es una llamada urgente a la reforma del sistema burocrático que regula la eutanasia en España. Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad para garantizar que los pacientes terminales puedan acceder a una muerte digna sin obstáculos innecesarios. La lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos deben ser prioridades inquebrantables en nuestra sociedad.
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