Justicia avanza en la investigación contra Ayuso por la gestión inhumana en residencias durante el COVID-19
Fausto 
Tomada de Público.es: La jueza al frente del caso ha decidido avanzar en la investigación, dando luz verde a la recopilación de pruebas clave para determinar si hubo un delito de homicidio imprudente o prevaricación.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba ha dado un paso crucial en la investigación contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por su implicación en los tristemente célebres «Protocolos de la Vergüenza«.
Estos protocolos, implementados durante los momentos más duros de la pandemia de COVID-19, presuntamente instruían a las residencias de ancianos a no trasladar a los pacientes graves a hospitales, lo que resultó en miles de muertes evitables entre los sectores más vulnerables de la población.
Este nuevo impulso judicial ha renovado la esperanza de que se haga justicia por las víctimas y sus familias, quienes han venido denunciando la inhumanidad y falta de ética en la gestión de la pandemia por parte del gobierno regional.
Los «Protocolos de la Vergüenza» no son un mero error administrativo, sino un reflejo de la indolencia política hacia los más débiles, quienes fueron abandonados a su suerte en un momento crítico para su supervivencia.
En este contexto, la jueza al frente del caso ha decidido avanzar en la investigación, dando luz verde a la recopilación de pruebas clave para determinar si hubo un delito de homicidio imprudente o prevaricación por parte de los responsables políticos, entre ellos Ayuso.
Según la información recabada por varios medios digitales, se espera que el proceso judicial destape las verdaderas razones detrás de estos protocolos y arroje claridad sobre las decisiones tomadas en los despachos del gobierno regional.
Negligencia mortal
Los «Protocolos de la Vergüenza» se han convertido en un símbolo del manejo negligente de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid, un escándalo que persigue a Ayuso desde que se revelaron los documentos.
En ellos, quedaba explícito que ciertos pacientes en residencias, principalmente los más mayores o con discapacidades severas, no debían ser hospitalizados, una decisión que dejó a miles de personas sin la atención médica necesaria en momentos críticos.
Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también morales y políticas. ¿Debe un dirigente público permanecer impune cuando sus decisiones, lejos de proteger a la ciudadanía, la condenan? La respuesta la espera la ciudadanía madrileña y española en los próximos meses, con la esperanza de que los tribunales actúen con la contundencia que esta tragedia demanda.
FUENTE: InfoLibre.es
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