Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid.
La Fiscalía de Madrid ha iniciado una investigación sobre las 7.291 muertes ocurridas en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en 2020. Esta acción responde a una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de fallecidos en 72 geriátricos de la Comunidad de Madrid.
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Los denunciantes acusan al gobierno de Isabel Diaz Ayuso y a geriatras de 25 hospitales de «denegación discriminatoria de la prestación sanitaria», alegando que no se brindó la asistencia médica necesaria a los residentes, independientemente de si fallecieron o no.
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, coordinadoras de la denuncia, han expresado su preocupación por la demora en la actuación de la fiscal Almudena Lastra, quien remitió la denuncia a las fiscalías territoriales meses después de su presentación. Temen que esta tardanza pueda conducir a la prescripción de los delitos denunciados, prevista para marzo de 2025, cinco años después de los hechos.
La macrodenuncia busca justicia
Según los denunciantes, se habría producido una «denegación discriminatoria de la prestación sanitaria» al restringir el traslado de residentes a hospitales y no medicalizar adecuadamente los centros geriátricos. Este tipo de decisiones, afirman las familias, contribuyó al trágico número de fallecimientos durante los meses más críticos de la pandemia. Entre los acusados figuran 29 personas, incluyendo directores sociosanitarios y responsables del SUMMA 112.
No es la primera vez que la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia genera controversias. En 2024, el Tribunal Supremo archivó una denuncia similar contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por falta de pruebas concretas. Sin embargo, este nuevo proceso judicial podría aportar mayor claridad sobre lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Este avance en la investigación judicial plantea serias interrogantes sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia en Madrid. ¿Se garantizaron los derechos fundamentales de los residentes? ¿Hubo una adecuada prestación sanitaria en estos centros? La sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para asegurar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
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