La conexión entre la ocupación ilegal de territorios palestinos y la especulación hotelera en la Costa del Sol ha generado una polémica que revela cómo los intereses empresariales se benefician de la vulneración de los derechos humanos.
Dos grandes cadenas hoteleras israelíes, Nitsba y Leonardo Hotels, están bajo escrutinio por aprovecharse de los asentamientos ilegales en Palestina mientras expanden su modelo de negocio en zonas turísticas de España.
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La sombra de la ocupación palestina llega a España
Nitsba, a través de su filial Nitsba Spain SL, adquirió recientemente el antiguo edificio de Correos en Málaga, con planes de convertirlo en un hotel de lujo. Esta empresa ha sido señalada por su participación en la expansión de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, promoviendo un modelo económico que ignora los derechos de las comunidades locales y perpetúa el conflicto.
Por su parte, Leonardo Hotels, otra cadena israelí, ha intensificado su presencia en la Costa del Sol, aplicando una estrategia que fomenta la gentrificación. Las inversiones masivas en hoteles y apartamentos de lujo han disparado los precios de los alquileres y desplazado a los residentes locales, priorizando a turistas internacionales y clientes adinerados. Este modelo no solo erosiona el tejido social de las comunidades locales, sino que también reproduce un patrón de explotación económica que ya aplican en Palestina.
La impunidad con la que estas empresas operan en los territorios ocupados palestinos ha levantado críticas por parte de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ambas han señalado que al lucrarse de la ocupación y expandir su negocio en España, estas empresas ignoran las demandas por justicia y dignidad del pueblo palestino, al mismo tiempo que precarizan la vida en destinos turísticos españoles.
Este caso pone de manifiesto cómo la connivencia entre los intereses económicos y la desprotección de los derechos humanos puede extenderse más allá de las fronteras de un conflicto, afectando tanto a Palestina como a España.
La comunidad internacional y los consumidores deben exigir una ética empresarial que respete los derechos humanos y rechace cualquier forma de explotación. Comprar o consumir servicios de estas empresas es perpetuar un sistema que pone los beneficios por encima de la dignidad de las personas.
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