
Archivo/ELSOLIDARIO.María Jesús Montero y Yolanda Díaz.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo continúan sin alcanzar un acuerdo sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a pesar de semanas de negociaciones. La controversia gira en torno a si los trabajadores que perciben el salario mínimo deben pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Mientras Hacienda, liderado por María Jesús Montero, defiende un modelo de compensación fiscal, el equipo de Yolanda Díaz insiste en una exención directa para cumplir con la Carta Social Europea.
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Un punto clave en la política fiscal
El debate se centra en la reciente revalorización del SMI y su impacto en la fiscalidad de los trabajadores con ingresos más bajos. Hasta ahora, estos asalariados no tributaban por IRPF, pero la subida del salario mínimo ha cambiado esta situación. Hacienda propuso que los trabajadores paguen el impuesto y lo recuperen a través de deducciones en la declaración de la renta, mientras que Trabajo busca que la exención se refleje directamente en la nómina.
Según la ministra Montero, la compensación beneficiaría al 20% de los trabajadores con SMI, con un coste estimado de más de 200 millones de euros para el Estado. No obstante, Díaz argumenta que esta medida sigue sin garantizar el cumplimiento del compromiso del Gobierno de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio neto, como establece la Carta Social Europea.
Negociaciones al límite para evitar una crisis
Las conversaciones continúan en la recta final antes de que el Gobierno tenga que decidir si veta en el Congreso las propuestas de Sumar, PP y Podemos, que buscan revertir la decisión de Hacienda. La Constitución permite al Ejecutivo bloquear estas iniciativas si afectan al presupuesto público, pero desde el PSOE y Sumar se intenta evitar una ruptura dentro de la coalición.
Ambas partes han mostrado disposición para alcanzar un acuerdo, aunque la negociación sigue abierta. Con el tiempo en contra, la resolución de este conflicto determinará no solo la política fiscal del Gobierno, sino también la estabilidad de la coalición progresista.
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