Fausto 
Ilustración: El Solidario.el denunciante asegura que las grabaciones son evidencia sólida de las conductas inapropiadas y el acoso sostenido que habría experimentado, por parte de García Urbano.
El caso de presunto abuso sexual contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, del P.P., ha tomado un giro importante al ponerse a disposición de la justicia una serie de grabaciones que podrían ser clave para demostrar las acusaciones.
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La denuncia, presentada por una trabajador municipal, ha sacado a la luz un caso que pone en entredicho la ética de funcionarios públicos en posiciones de poder.
Según informaron medios como El Plural, el denunciante asegura que las grabaciones son evidencia sólida de las conductas inapropiadas y el acoso sostenido que habría experimentado, por parte de García Urbano.
Un funcionario ha denunciado que José María García Urbano le obligaba a él y a su pareja mantener relaciones sexuales con el mandatario. “Nos llevaba a pisos para mantener orgías con mujeres, pero realmente, su única intención era la de mantener relaciones sexuales con él”, afirmó el denunciante.
Además, dijo en la denuncia que accedió a las pretensiones sexuales de García Urbano “por miedo a perder su trabajo y como consecuencia de ello, no poder mantener a su familia”.
Estos registros han sido entregados a las autoridades judiciales, que están en proceso de analizarlas para evaluar la veracidad y el contexto en el que se produjeron.
Además, este caso ha reabierto el debate sobre el abuso de poder y la falta de mecanismos efectivos para denunciarlo dentro de las administraciones locales.
Es hora de actuar
La noticia ha generado reacciones contundentes en redes sociales y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Expertos en temas de género han señalado que casos como este subrayan la necesidad de medidas preventivas, apoyo a las víctimas y políticas públicas que garanticen un entorno laboral libre de acoso.
Las grabaciones, cuya naturaleza exacta no ha sido detallada por respeto al proceso judicial y la intimidad de la víctima, se consideran elementos críticos para fortalecer la acusación y probar la conducta del acusado.
¿Es este el momento de reforzar los protocolos de denuncia y protección en los entornos laborales del sector público?
Fuente: ElPlural.es
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