
Ilustración/El Solidario (Tomada de EFE). Mazón, en lugar de asumir responsabilidades, ha optado por cargar las culpas en la magnitud del desastre natural.
Nuevas pruebas de la AEMET han revelado la actitud criminal del Gobierno de Carlos Mazón en la gestión de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre.
La investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra evidencia una cadena de negligencias y decisiones irresponsables que priorizaron intereses políticos y empresariales sobre la seguridad de la ciudadanía.
Los informes de la AEMET muestran que el Gobierno valenciano ignoró las alertas tempranas y no activó los protocolos de emergencia a tiempo, lo que agravó las consecuencias de la catástrofe. Esta negligencia no fue un error aislado, sino el resultado de una política que prioriza los intereses de las patronales y las élites económicas sobre las necesidades de la población.
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Pero la responsabilidad no recae solo en Mazón y su equipo. El Gobierno central también tiene su parte de culpa por no haber coordinado una respuesta eficaz y por no haber garantizado los recursos necesarios. Además, las patronales, aliadas del PP valenciano, presionaron para mantener la actividad económica incluso en condiciones de riesgo, poniendo en peligro vidas humanas.
La DANA no fue solo una tragedia natural, sino un crimen social provocado por la negligencia y la avaricia de quienes debían proteger a la ciudadanía. Es urgente depurar responsabilidades políticas y empresariales, y garantizar que hechos como estos no se repitan. La justicia no puede ser solo una palabra: debe ser una realidad para las víctimas y sus familias.
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