Francia decidió que la comida apta no es basura: los supermercados deben donarla
Vincenzo Gambaretto 
Francia marcó en 2016 un precedente mundial contra el desperdicio alimentario: aprobó una ley que impide a grandes supermercados destruir alimentos no vendidos que todavía son aptos para el consumo y los obliga a ofrecerlos gratuitamente a asociaciones de ayuda alimentaria mediante convenios.
La norma afecta a comercios de más de 400 metros cuadrados. Además, sanciona a quienes vuelvan deliberadamente impropios para el consumo alimentos que aún pueden comerse. La lógica es sencilla y profundamente humana: si una comida puede alimentar a alguien, tirarla o destruirla no es eficiencia. Es fracaso social.
La medida no elimina por sí sola la pobreza ni resuelve todas las contradicciones del sistema alimentario. Muchas asociaciones han señalado problemas de logística, calidad, selección de productos y dependencia de donaciones. También hay que evitar que la caridad sustituya derechos: nadie debería depender de sobras para comer.
Pero la ley francesa cambió una pregunta clave. Antes, el supermercado podía tratar el excedente comestible como residuo. Desde entonces, el excedente apto debe pensarse primero como recurso para personas que lo necesitan.
En un mundo donde se produce comida suficiente y millones siguen pasando hambre, el desperdicio no es solo un problema ambiental. Es una obscenidad ética. Tirar alimentos consume agua, energía, tierra, transporte y trabajo; además, cuando acaba en vertederos, agrava emisiones.
Francia no inventó la solidaridad. Pero convirtió una idea mínima en obligación legal: la comida no debe destruirsemientras haya gente con hambre.
La lección sirve para todos los países: no basta con confiar en la buena voluntad de las empresas. A veces, para que la dignidad pese más que la comodidad del mercado, hace falta ley.
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