Arturo.R 
Archivo/ELSOLIDARIO. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar denuncias de tortura bajo la instrucción del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La sentencia, que se suma a otras diez previas, evidencia el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
El caso más reciente involucra a Iñigo González Etayo, arrestado en 2011 y sometido a brutales malos tratos durante su detención. A pesar de sus denuncias, la justicia española archivó el caso sin una investigación adecuada. Ante la falta de respuestas, González Etayo llevó su reclamación al TEDH, que ahora ha fallado a su favor, dictaminando que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
Este fallo confirma un patrón de impunidad que ha sido denunciado durante años. En total, más de 200 detenidos en operaciones dirigidas por Grande-Marlaska han denunciado haber sido torturados. Sin embargo, los tribunales españoles han ignorado sistemáticamente estas acusaciones, permitiendo que la violencia en los interrogatorios quede impune.
Si bien el caso juzgado por Estrasburgo se remonta a 2021, las torturas y la violencia policial siguen a la orden del día en España. Las imágenes de cargas policiales desmedidas en protestas, las agresiones en comisarías y las denuncias de malos tratos a detenidos evidencian que el abuso de poder sigue siendo una práctica habitual. La pregunta es: ¿hasta cuándo seguirá España desoyendo las advertencias internacionales y permitiendo estas vulneraciones de derechos?
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