El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma histórica del reglamento de la Ley de Extranjería, que permitirá la regularización de aproximadamente 300.000 migrantes al año.
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Esta normativa no solo simplifica los requisitos para obtener permisos de trabajo y residencia, sino que también introduce una vía transitoria para regularizar a solicitantes de asilo cuya petición fue denegada.
El nuevo reglamento, aprobado este martes, representa un avance significativo en la política migratoria española. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que esta reforma es la más ambiciosa y completa en los últimos 13 años.
“Este reglamento equilibra la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes con el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”, afirmó Saiz.
Empleo, formación y familia, los tres ejes fundamentales
La normativa introduce tres ejes fundamentales: empleo, formación y familia. Se reducen los plazos y trámites burocráticos, se eliminan duplicidades y se refuerzan los derechos de los trabajadores migrantes.
Todas las autorizaciones iniciales serán de un año, con renovaciones de cuatro años, y se amplía el visado de búsqueda de empleo a un año, en lugar de tres meses.
Además, se establecen cinco figuras de arraigo, incluyendo el arraigo de segunda oportunidad, que permite la regularización de personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovad.
La estancia por estudios también se modifica, permitiendo trabajar hasta 30 horas semanales, y se mejora la reagrupación familiar.
Esta reforma no solo responde a las demandas del mercado laboral y las necesidades de los migrantes, sino que también aborda los retos demográficos de España.
“Es una medida que aporta seguridad jurídica, simplifica trámites y protege derechos, ofreciendo nuevas posibilidades a quienes han decidido desarrollar su proyecto de vida en España”, subrayó Saiz.
El nuevo reglamento también busca combatir las mafias, el fraude y la vulneración de derechos, garantizando un proceso más justo y humano para todos los migrantes.
Con esta reforma, España da un paso adelante hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, donde los derechos de todos son respetados y protegidos.
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