El Ministerio del Interior ha activado un nuevo sistema de registro digital para alojamientos turísticos y alquiler de vehículos en España. Esta medida, que busca fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas, ha generado opiniones divididas por su impacto en la privacidad y la posible discriminación en su aplicación.
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Un sistema con datos clave para la seguridad
El nuevo registro digital obliga a los operadores de hospedaje y alquiler de vehículos a compartir la información de sus clientes en tiempo real con las fuerzas de seguridad. Esta plataforma reemplaza los sistemas anteriores, centralizando y agilizando el acceso a los datos necesarios para investigar delitos como el tráfico de personas, el terrorismo o el crimen organizado.
Según el Ministerio del Interior, se espera que el sistema procese más de 200 millones de registros anuales, incluyendo reservas en hoteles, apartamentos turísticos y alquileres de coches. Estas cifras reflejan el crecimiento del turismo en España, que recibió a más de 85 millones de visitantes en 2023, convirtiéndose en uno de los destinos más concurridos del mundo.
Sin embargo, activistas y expertos han advertido sobre los riesgos de un uso indebido de los datos personales y han pedido que se implementen garantías sólidas para evitar abusos, especialmente contra colectivos vulnerables como migrantes o personas sin documentos.
¿Seguridad o riesgo de discriminación?
Aunque las autoridades aseguran que el sistema respeta las normativas de privacidad y protección de datos de la Unión Europea, organizaciones defensoras de los derechos humanos temen que la medida pueda derivar en perfiles raciales o discriminación durante los procesos de registro.
“La lucha contra el crimen no debe vulnerar derechos fundamentales. Es crucial que este sistema no se convierta en una herramienta de exclusión”, señala un portavoz de una organización pro derechos civiles.
Al mismo tiempo, algunos sectores turísticos expresan preocupación por el impacto operativo y económico de esta medida, particularmente en pequeñas empresas y alojamientos rurales que podrían tener dificultades para adaptarse al nuevo sistema tecnológico.
¿Un paso adelante o una medida controvertida?
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