España criminaliza el activismo climático con el ataque judicial contra el grupo ‘Futuro Vegetal’
María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen de efeverde.com : El Solidario. España se encuentra entre los pocos países que aplican leyes contra el crimen organizado para reprimir el activismo climático.
España se encuentra entre los pocos países, junto a Estados Unidos y Alemania, que aplican leyes contra el crimen organizado para reprimir el activismo climático. Este fenómeno, denunciado recientemente por estudios internacionales, subraya cómo el estado utiliza marcos legales diseñados para combatir mafias y terrorismo para silenciar protestas pacíficas en defensa del medio ambiente.
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El caso más visible en España es el del grupo Futuro Vegetal, cuyos miembros enfrentan cargos de “organización criminal” tras acciones no violentas como lanzar agua tintada al Congreso en 2022. La Fiscalía pide hasta 21 meses de prisión por supuestos daños al patrimonio histórico. Estas medidas judiciales, lejos de proteger la democracia, buscan criminalizar la disidencia mientras las verdaderas causas del cambio climático, como las emisiones masivas de las grandes corporaciones, permanecen intactas.
Denuncias de las organizaciones
Esta estrategia represiva no es aislada. Desde 2019, 14 países han promulgado 22 leyes para restringir las protestas, según informes. La polémica «Ley Mordaza» en España ya restringió derechos fundamentales, pero ahora el uso de leyes contra el crimen organizado intensifica este enfoque. Organizaciones como Greenpeace denuncian que los activistas enfrentan vigilancia, infiltraciones y detenciones arbitrarias, acciones diseñadas para desarticular movimientos ciudadanos que exigen acción climática.
En palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres, “los verdaderos radicales peligrosos son los estados que amplían la producción de combustibles fósiles”. Sin embargo, son los activistas quienes cargan con penas de cárcel y multas exorbitantes, como en Alemania, donde algunas sentencias superan los 8 meses de prisión.
El uso desproporcionado de estas leyes pone en jaque los derechos fundamentales y desvía el foco del verdadero problema: la crisis climática. Es urgente replantear las prioridades del sistema legal para proteger el planeta, no los intereses económicos que lo destruyen. Defender el clima no es un crimen; es una necesidad moral y colectiva.
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