España acusada por el Consejo de Europa por prácticas judiciales cómplices de la violencia vicaria
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: publico.es. El Solidario. Mujer alzando un cartel en una manifestación feminista.
En un informe contundente, el Consejo de Europa señala a España por continuar con un sistema que, lejos de proteger, revictimiza a madres que denuncian violencia y a sus hijos, acusando al Estado de prácticas que califican como «tortura institucional».
Una de las madres protectoras que lleva denunciando abusos que el sistema judicial español se niega a reconocer comenta que su hijo llora cada noche preguntándose porqué nadie le escucha. Y, así, decenas de mujeres en situaciones similares han alzado la voz tras la publicación de un informe demoledor del Consejo de Europa, que acusa a España de ignorar las denuncias de violencia machista y abuso infantil, dejando a las víctimas atrapadas en un círculo de sufrimiento.
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Una justicia obsoleta
El informe detalla cómo la justicia española aplica con frecuencia el llamado «síndrome de alienación parental» (SAP), una teoría desacreditada internacionalmente, para deslegitimar a las madres que buscan proteger a sus hijos de situaciones de abuso. En lugar de investigar los casos, los tribunales presuntamente retiran la custodia a las madres protectoras, entregándola al progenitor denunciado.
El Consejo de Europa no solo exige una revisión inmediata de estas prácticas, sino que también advierte que España podría estar violando derechos humanos fundamentales. Mayoritariamente, las madres se sienten desprotegidas y agotadas tras enfrentar procesos judiciales desgastantes psicológicamente, mientras que los menores quedan atrapados entre las decisiones institucionales que priorizan intereses judiciales antes que el bienestar de los mismos.
El pronunciamiento internacional pone el foco en un problema profundo y desgarrador: ¿Cómo es posible que las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables terminen perpetuando su sufrimiento? ¿Cuánto tiempo más deberá pasar antes de que el sistema deje de castigar a quienes alzan la voz?
Por tanto, GREVIO (grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) solicita, entre otras cuestiones, eliminar de raíz el uso del SAP y sus variantes, así como revisar concienzudamente las decisiones judiciales, garantizar que los centros de visitas supervisadas prioricen la seguridad de las víctimas, además de que cuenten con personal cualificado y poner fin a la separación forzada de hijos e hijas de sus madres bajo argumentos pseudocientíficos.
Como sociedad, debemos poner fin el trato de nuestros hijos como moneda de cambio entre las dificultades de los adultos o progenitores, ellos merecen vivir una vida plena y feliz sin ser motivos de venganza ni furia.
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