Desde 2006, más de 900.000 personas han fallecido esperando las ayudas de dependencia reconocidas por la ley, un drama social que persiste con una muerte cada 16 minutos este año.
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La Ley de Dependencia, aprobada hace 18 años como un hito en la protección social en España, no ha cumplido su promesa de garantizar atención digna a las personas más vulnerables. Actualmente, más de 290.000 personas permanecen en listas de espera, una cifra que evidencia las graves fallas estructurales y de financiación del sistema.
La desigual inversión entre comunidades autónomas es uno de los problemas clave. Mientras regiones como Galicia y Castilla y León han reducido su gasto en dependencia, otras, como el País Vasco y Navarra, lideran en recursos por persona. Además, los recortes y la burocracia han ralentizado la ejecución de ayudas, dejando a miles de familias desamparadas.
Ayudas y prestaciones que han experimentado cambios mínimos
Aunque iniciativas como el Plan de Choque (2020-2023) incrementaron la financiación estatal en un 138%, estas medidas no han logrado mitigar el colapso del sistema. La ayuda a domicilio y las prestaciones económicas para cuidadoras apenas han experimentado aumentos mínimos, pese a su importancia para muchas familias.
El impacto recae mayoritariamente en las mujeres, quienes representan el 73% de las personas cuidadoras, perpetuando desigualdades de género y precarización económica.
La Ley de Dependencia necesita una reforma profunda y urgente. Sin voluntad política y una financiación justa, este sistema seguirá acumulando muertes y frustraciones. Es momento de priorizar a quienes más lo necesitan, porque cada vida cuenta y ningún derecho debería morir en una lista de espera.
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