Empresas españolas bajo la lupa por negocios en territorios ocupados de Palestina en pleno genocidio israelí
Fausto 
Ilustración: El Solidario. Las empresas eDreams, CAF, GMV, Ineco, Salvat Logística y Grupo Semi han sido señaladas por su participación en proyectos que contribuyen a la normalización de la ocupación israelí.
Seis empresas españolas están en el centro de la controversia por sus operaciones en los territorios ocupados de Palestina, en medio de lo que muchos califican como un apartheid israelí.
Te puede interesar: Los jóvenes encabezan un boicot global contra la financiación a Israel
Estas compañías, que incluyen a eDreams, CAF, GMV, Ineco, Salvat Logística y Grupo Semi, han sido señaladas por su participación en proyectos que contribuyen a la normalización de la ocupación israelí.
Negocios en territorios ocupados
La organización Who Profits ha documentado cómo estas empresas han colaborado en la expansión de la infraestructura israelí en tierras palestinas ocupadas. Por ejemplo, CAF y GMV están involucradas en el desarrollo de líneas de tranvía en Jerusalén, que pasan por colonias ilegales según el derecho internacional.
Estas actividades no solo violan las resoluciones de la ONU, sino que también perpetúan la opresión y el desplazamiento forzado de la población palestina. La comunidad internacional ha condenado repetidamente la ocupación israelí y ha instado a las empresas a cesar sus actividades en los territorios ocupados.
Sin embargo, estas seis empresas españolas continúan operando, argumentando que sus contratos fueron firmados antes de la escalada de violencia reciente.
Esta justificación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que exigen una acción inmediata para detener cualquier colaboración que legitime la ocupación1.
Comercio en medio del apartheid israelí
La participación de estas empresas en los territorios ocupados tiene graves implicaciones para los derechos humanos. La construcción de infraestructuras en tierras expropiadas contribuye a la segregación y al apartheid, afectando negativamente la vida de miles de palestinos.
Además, estas actividades económicas refuerzan la ocupación militar y la expansión de los asentamientos ilegales, exacerbando el conflicto y la injusticia social.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado al Gobierno español a tomar medidas contra estas empresas.
La formación política Sumar ha registrado una propuesta de ley para prohibir que las empresas españolas operen en territorios ocupados, calificando estas actividades como una violación del derecho internacional.
Este llamado a la justicia social busca garantizar que España no contribuya a la perpetuación del conflicto y la opresión en Palestina.
FUENTES: Público : El Periódico
- ¿Qué medidas debería tomar el Gobierno español para garantizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas comerciales?
- ¿Cómo puede la comunidad internacional presionar de manera efectiva para poner fin a la ocupación y el apartheid en Palestina?
About The Author
