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EFE/El Solidario: Vicepresidenta María Jesús Montero.
El Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta María Jesús Montero, confirmó que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagará IRPF por primera vez tras su reciente subida a 1.134 euros mensuales.
Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que perciben el SMI seguirán sin sufrir retenciones, gracias a las deducciones y exenciones fiscales. Esta medida refleja el impacto de la subida del SMI, pero también plantea debates sobre la justicia fiscal y la protección de los trabajadores con menores ingresos.
El SMI ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, pasando de 735 euros en 2018 a los 1.134 euros actuales, un incremento del 54%. Este crecimiento ha sido una de las banderas del Gobierno de coalición, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores más vulnerables.
Sin embargo, este avance tiene una consecuencia fiscal: al superar el umbral de 1.080 euros anuales exentos de IRPF, el SMI queda técnicamente sujeto al impuesto.
No todos los trabajadores tributarán
A pesar de ello, Hacienda ha aclarado que la mayoría de los trabajadores que ganan el SMI no verán reducido su salario neto. Esto se debe a las deducciones aplicables, como las por mínimo personal y familiar, que permiten a muchos trabajadores mantener su exención práctica.
Solo aquellos sin derecho a estas deducciones, como jóvenes sin hijos o personas sin cargas familiares, podrían verse afectados por retenciones mínimas.
La subida del SMI es un logro indiscutible en la lucha contra la precariedad laboral, pero su impacto fiscal plantea nuevos desafíos. Mientras el Gobierno defiende que la medida beneficia a los trabajadores más vulnerables, algunos sectores critican que el IRPF pueda reducir el salario neto de quienes ya están en el límite de la subsistencia.
Este debate está abierto, pero es necesario seguir avanzando hacia un sistema fiscal más justo y progresivo, que garantice que los avances en el SMI no se diluyan en impuestos. La justicia social debe ser el eje de cualquier reforma laboral y fiscal.