
Tomado de Aldeasur.com/El Solidario. Durante cinco días, torturaron, violaron y ejecutaron públicamente a hombres y mujeres en la plaza principal de El Salado, en Colombia.
Hace 25 años, el pequeño corregimiento de El Salado, en el departamento de Bolívar, fue escenario de una de las masacres más brutales del conflicto armado en Colombia. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, un grupo de 450 paramilitares, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpió en el pueblo, asesinando a sangre fría a al menos 67 personas, según reportes de la Unidad para las Víctimas.
Pero el horror no solo fue perpetrado por grupos ilegales: testimonios y documentos revelan la complicidad de la fuerza pública, que permitió la incursión y no actuó para proteger a la población civil.
Los paramilitares entraron al pueblo vestidos de camuflado, asegurando que venían a «limpiar» la zona de supuestos colaboradores de la guerrilla.
Durante cinco días, torturaron, violaron y ejecutaron públicamente a hombres y mujeres en la plaza principal, mientras tocaban gaitas y tambores en un siniestro intento de disfrazar la violencia como un macabro espectáculo. Las víctimas fueron marcadas como guerrilleros, sin pruebas, en una práctica sistemática de terror utilizada para controlar territorios estratégicos.
Colaboración y omisión de la Fuerza Pública
La fuerza pública, lejos de actuar para proteger a la comunidad, fue señalada por omisión e incluso colaboración. Investigaciones posteriores revelaron que militares acantonados en la zona fueron advertidos del avance paramilitar, pero no intervinieron. Esta complicidad quedó plasmada en informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, que concluyeron que la masacre no habría sido posible sin la coordinación entre actores armados y agentes estatales.
Más de 4.000 personas fueron desplazadas tras la masacre, dejando atrás tierras, hogares y proyectos de vida. El Salado se convirtió en un pueblo fantasma, marcado por el dolor y el abandono estatal. Aunque algunos sobrevivientes regresaron con el tiempo, la reconstrucción ha sido lenta y fragmentada, mientras la impunidad persiste.
A pesar de los avances en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y las investigaciones de la Fiscalía, muchos de los responsables intelectuales y materiales nunca enfrentaron un juicio. Las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación integral, mientras el Estado continúa en deuda con las comunidades rurales que han sido las principales víctimas del conflicto.
La masacre de El Salado fue una atrocidad y una muestra de cómo la violencia se alimentó de la complicidad institucional. Recordar este episodio no es solo un acto de memoria, sino un llamado urgente a garantizar que el «Nunca Más» sea una realidad y no una promesa vacía.
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