Fuente EFE
El Partido Popular ha vuelto a mostrar hasta qué punto su agenda depende de Vox. En las negociaciones sobre los presupuestos de la Comunitat Valenciana, el PP ha aceptado incluir una reforma que reclama endurecer el acceso a la nacionalidad española, bajo el argumento de que el Estado «no puede regalar pasaportes», y ha admitido el concepto de «prioridad nacional» a la hora de repartir ayudas y recursos públicos.
La medida, impulsada por Vox como condición para dar apoyo a las cuentas autonómicas, plantea que determinadas prestaciones y servicios se otorguen primero a quienes tengan nacionalidad española, dejando en un segundo plano a las personas migrantes con residencia legal que llevan años cotizando y pagando impuestos en la Comunitat. Organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han advertido de que este tipo de cláusulas vulneran el principio de igualdad ante la ley.
El giro no es nuevo, pero sí marca un paso más en la normalización de un discurso que hace pocos años se consideraba minoritario. Comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de Vox llevan meses incorporando referencias a la «prioridad nacional» en distintos ámbitos, desde la vivienda pública hasta las ayudas sociales, en una estrategia que sus críticos describen como la traducción administrativa de un discurso xenófobo.
Detrás de la retórica de la «eficiencia» y el «orden» en el reparto de recursos se esconde una realidad más simple: una parte de la población, con papeles en regla y con las mismas obligaciones fiscales que cualquier otra persona, queda señalada como menos merecedora de protección pública por el simple hecho de no haber nacido aquí. Normalizar esa jerarquía no es gestionar mejor los recursos: es decidir que la solidaridad tiene pasaporte.