Fausto 
El Solidario: Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador.
La declaración de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha abierto nuevas incógnitas sobre la opaca operación de adquisición de un ático de lujo en el barrio de Chamberí.
Ante la jueza, el empresario aseguró que el inmueble fue un «favor» de un fiscalista imputado, quien se lo alquila con opción a compra, pero lo verdaderamente alarmante es que aún no se sabe quién prestó más de 900.000 euros a la sociedad que hizo la compra.
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La trama es digna de una novela negra, pero lamentablemente se inscribe en una realidad estructural de privilegios y falta de transparencia que envuelve a quienes ostentan el poder político y económico.
El hecho de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid haya accedido a una propiedad de lujo en condiciones excepcionales y rodeadas de incógnitas financieras no es un simple escándalo personal, es un síntoma más del deterioro democrático que produce la connivencia entre poder político, asesorías fiscales opacas y grandes fortunas.
Resulta indignante que, mientras miles de madrileños no pueden acceder a una vivienda digna, en las alturas de la capital se cierren acuerdos de favores inmobiliarios entre imputados. Y más aún cuando quien se ve beneficiado de este trato es la pareja de una presidenta que ha hecho de la austeridad y la meritocracia su bandera retórica.
La clave está en la falta de explicaciones verosímiles. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se desvela el origen de esos fondos? ¿Quién financia realmente la compra? ¿Qué favores se intercambian entre empresarios y dirigentes políticos?
Este nuevo episodio en torno a Ayuso y su entorno refuerza la urgente necesidad de una auditoría ciudadana sobre las finanzas de nuestros representantes públicos. La ciudadanía tiene derecho a saber si quienes gobiernan lo hacen en beneficio del bien común o del enriquecimiento propio y de sus círculos.
No es solo el lujo. Es la impunidad. Y eso, en democracia, no se puede tolerar.
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