
Archivo/ELSOLIDARIO. Oficina de Correos.
La situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de Correos atraviesa una crisis alarmante. Recortes en la plantilla, sobrecarga de trabajo y un modelo empresarial que prioriza la rentabilidad sobre el servicio público están deteriorando las condiciones laborales y la calidad del servicio postal. Quienes antes podían desempeñar su trabajo con tiempos razonables y trato cercano a los vecinos, hoy denuncian jornadas frenéticas y estrés constante para cumplir objetivos imposibles.
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Plantillas recortadas y precarización creciente
Desde hace años, Correos ha reducido progresivamente su plantilla, externalizando tareas y aumentando la temporalidad. En el artículo publicado por El Salto Diario, trabajadores explican cómo esta política de ajuste ha convertido cada reparto en una carrera contrarreloj. El personal fijo es cada vez menor, y los contratos eventuales cubren huecos sin formación suficiente, lo que impacta directamente en la calidad del servicio.
Además, la automatización y la digitalización, lejos de mejorar las condiciones, han servido como excusa para justificar recortes. A esto se suma una reorganización interna que impone rutas más extensas y una presión asfixiante sobre cada cartero y cartera, reduciendo el tiempo para realizar su labor de manera adecuada.
Del servicio público al modelo de empresa privada
Otro de los factores clave es el cambio de enfoque de Correos, que ha pasado de entenderse como un servicio público esencial a funcionar con criterios de rentabilidad mercantil. Esta deriva empresarial impacta en el trato con la ciudadanía, donde cada entrega es vista como un número, y ya no hay margen para la cercanía y el vínculo comunitario que caracterizaba a este servicio histórico.
Un futuro incierto para el empleo digno en Correos
La situación actual de Correos es un reflejo de las políticas de precarización que afectan a muchos servicios públicos en España. La reducción de derechos laborales, la falta de inversión pública y la privatización encubierta ponen en riesgo tanto las condiciones laborales de miles de trabajadores, como el derecho de la ciudadanía a un servicio postal de calidad.
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