El juez del Supremo solicita a la Audiencia Nacional que investigue a la expresidenta de Adif
Delismar González Tortolero 
El caso ha generado un amplio debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha remitido a la Audiencia Nacional los indicios de delito detectados en la actuación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, relacionados con la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
El juez considera que Pardo de Vera pudo haber tenido una participación relevante en estas contrataciones, calificadas como «posiblemente irregulares y caprichosas» .
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La investigación, enmarcada en el conocido como «caso Koldo», apunta a que Rodríguez fue contratada en 2019 en Ineco, empresa vinculada al Ministerio de Transportes, durante el periodo en que Pardo de Vera presidía Adif.
Según el juez, estas contrataciones habrían sido facilitadas por la influencia de Koldo García, asesor de Ábalos, y se habrían realizado sin que Rodríguez desplegara actividad laboral alguna durante su contratación .
El caso ha generado un amplio debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
Desde sectores progresistas, se enfatiza en la importancia de garantizar que los procesos de contratación en empresas públicas se realicen con criterios de mérito y capacidad, evitando cualquier forma de nepotismo o favoritismo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha manifestado su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública, señalando que no se tolerarán prácticas que comprometan la integridad de las instituciones .
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de control y rendición de cuentas en el sector público, asegurando que todas las contrataciones se realicen de manera justa y transparente. Solo así se podrá garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promover una administración pública al servicio del bien común.
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