Arturo.R 
En un país donde más de 9 millones de personas viven en riesgo de exclusión, el Ministerio de Derechos Sociales ha aprobado una nueva estrategia nacional contra la pobreza y la exclusión social. Esta iniciativa pretende ser un paso firme hacia la garantía de derechos básicos como la vivienda, la alimentación y la energía, centrando sus esfuerzos en los colectivos más vulnerables: infancia, personas sin hogar, mayores y migrantes.
El plan plantea reforzar los sistemas de protección social, impulsar políticas activas de empleo y blindar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital. También se prevé mejorar la coordinación entre administraciones públicas y organizaciones del tercer sector. Sin embargo, varias entidades sociales advierten que sin una financiación adecuada y una voluntad política real, esta estrategia corre el riesgo de quedarse en papel mojado.
España arrastra una deuda estructural con su población más desfavorecida. Décadas de políticas neoliberales han degradado los servicios públicos y han favorecido la desigualdad. Y aunque este tipo de estrategias son necesarias, no pueden sustituir un debate honesto sobre el modelo económico y fiscal del país.
Erradicar la pobreza no es solo una cuestión de caridad, sino de justicia. Las políticas públicas deben situar la vida en el centro y acabar con un sistema que margina a quienes menos tienen. Porque no hay democracia posible si millones de personas siguen sin acceso a una vida digna.
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