El comisario jubilado Germán Castiñeira ha confirmado ante la Audiencia Nacional que en 2016 recibió instrucciones para recopilar información comprometedora sobre 69 diputados de Podemos.
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Esta declaración, clave en la causa por la guerra sucia contra el partido, respalda el contenido de un mensaje enviado por el entonces número dos del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP.
El mensaje, revelado durante la investigación, evidencia un intento de utilizar recursos estatales para espiar a representantes democráticamente elegidos. Según fuentes judiciales, el objetivo era obtener datos personales y financieros de los parlamentarios para desacreditar al partido emergente en pleno auge electoral.
Las cloacas del Estado gobernado por el PP
Este caso, que forma parte de las investigaciones sobre las cloacas del Estado, refleja cómo se recurrió a mecanismos ilegales para frenar a una fuerza política percibida como una amenaza al statu quo. La gravedad del asunto radica en la implicación de altos mandos policiales y la posible connivencia de responsables políticos en prácticas que vulneran derechos fundamentales.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde Podemos han denunciado este episodio como un atentado a la democracia y exigen responsabilidades políticas al Partido Popular. Paralelamente, organizaciones proderechos civiles subrayan la necesidad de una depuración institucional para evitar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse.
Esta revelación plantea interrogantes preocupantes sobre el uso partidista de las instituciones públicas: ¿hasta dónde llegó la implicación del Estado en operaciones de espionaje político?
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