El crecimiento económico de Colombia está en la mira de la élite financiera y del Banco de la República
Fausto 
Bloomberg/El Solidario. Gustavo Petro, presidente progresista de Colombia
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a señalar al Banco de la República, acusándolo de intentar sabotear el crecimiento económico de Colombia con decisiones que parecen responder más a una agenda política que a criterios técnicos.
La afirmación del mandatario no es gratuita ni exagerada: en un país donde el crecimiento económico es clave para reducir la desigualdad, mantener una política monetaria restrictiva asfixia a la población y protege los intereses de las élites financieras.
El Banco de la República ha mantenido tasas de interés elevadas pese a que la inflación muestra señales de desaceleración. Esta decisión encarece el crédito para las familias y las pequeñas empresas, limitando la capacidad de inversión y consumo.
Mientras tanto, los grandes capitales pueden seguir especulando sin trabas, aprovechándose de una política monetaria que les beneficia.
No es la primera vez que un gobierno progresista en América Latina enfrenta la resistencia de las instituciones económicas. En Argentina, Ecuador y Brasil, los bancos centrales han sido utilizados como herramientas de oposición para frenar las transformaciones que buscan redistribuir la riqueza y fortalecer el papel del Estado en la economía.
Petro, al igual que otros líderes de izquierda, busca romper con este modelo de concentración de poder financiero que perpetúa la desigualdad.
Es necesario cuestionar la independencia del Banco de la República, que muchas veces opera con una autonomía que parece estar al servicio de los intereses privados en lugar del bienestar general.
La política monetaria debe ser una herramienta para el desarrollo y no un freno impuesto por tecnócratas que responden a los mercados antes que a la ciudadanía.
El gobierno de Petro ha dejado claro que no cederá ante las presiones de los poderes económicos que buscan mantener el statu quo. La pregunta es si el país permitirá que un organismo no electo siga tomando decisiones que afectan la vida de millones, sin ningún tipo de control democrático.
El crecimiento económico de Colombia no puede seguir en manos de una élite financiera que solo vela por sus propios intereses.
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