El Consejo de Europa condena a España por vulnerar derechos humanos en la Cañada Real
Moreno Sanlés Alberto 
EFE/El Solidario: Los especialmente afectados son los 1.800 menores que viven en la zona, que sin luz ni acceso a dispositivos electrónicos, no pueden desarrollar su educación de manera efectiva
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) confirma que, en la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular del país, se están cometiendo vulneraciones a los derechos humanos. La resolución establece que los cortes de luz prolongados desde octubre de 2020 constituyen una violación de, al menos, siete artículos de la Carta Social Europea.
En particular, se concluye que el Estado ha incumplido sus obligaciones en materia de acceso a una vivienda adecuada, salud y bienestar infantil, exigiendo una solución «urgente» a todas las administraciones implicadas.
Más de cuatro años en la oscuridad
Son aproximadamente 4.500 personas las que llevan cuatro años sobreviviendo sin electricidad. El corte fue efectuado por la empresa Naturgy, que lo justificó alegando sobrecargas provocadas por enganches ilegales y cultivos de marihuana. Sin embargo, los vecinos aseguran que la mayoría de las familias son ajenas a estas actividades y han sido privadas de un derecho básico, sin que se les ofrezca alternativa alguna.
Las viviendas alcanzan temperaturas por debajo de los 10 grados en invierno y por encima de los 40 en verano. Ante la ausencia de suministro, las familias tuvieron que recurrir a generadores de diésel, estufas de leña y paneles solares de segunda mano, lo que ha provocado graves incendios. Los especialmente afectados son los 1.800 menores que viven en la zona, que sin luz ni acceso a dispositivos electrónicos, no pueden desarrollar su educación de manera efectiva.
El debate político
El Plan Extraordinario de Realojos, firmado en 2024, prevé una inversión de 330 millones de euros en 10 años para garantizar viviendas dignas a los afectados. Sin embargo, el Consejo de Europa critica que los plazos son excesivamente largos y prolongan la situación de vulnerabilidad de miles de personas.
La condena marca un punto de inflexión en la crisis de la Cañada Real, exigiendo acción inmediata del Estado y las administraciones para restablecer la electricidad y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de sus habitantes.
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