El Congreso aprueba un resarcimiento simbólico mientras las víctimas del amianto siguen sin indemnización
Ebony Viola 
Foto: CC OO
Un decreto sin efecto real
El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno a concretar el reglamento que establecerá el Fondo de Compensación para las víctimas del amianto, pendiente desde 2022. Aunque la votación fue un acto simbólico, la realidad es que las indemnizaciones siguen sin ser una prioridad para los sucesivos gobiernos, lo que perpetúa el sufrimiento de miles de afectados.
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El coste oculto de la inacción gubernamental
Según estimaciones del Ministerio de Seguridad Social, cada año mueren aproximadamente 4,582 personas debido a enfermedades relacionadas con el amianto, mientras que el Estado se ahorra unos 50 millones de euros anuales en indemnizaciones.
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) alerta que esta cifra es una subestimación, sugiriendo que el coste real podría alcanzar hasta 300 millones de euros. En contraste, Francia ha destinado 347 millones para indemnizaciones este año, evidenciando la falta de compromiso del gobierno español con sus ciudadanos.
La proposición aprobada no tiene valor jurídico y no garantizará el apoyo que estas víctimas necesitan. Con un histórico de 20 meses de retraso en la creación del reglamento, la situación se vuelve insostenible. Los afectados deben iniciar complicados procesos judiciales, a menudo sin recursos, mientras el Estado sigue sin asumir su responsabilidad en un caso que ya se califica como un “genocidio laboral”.
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Fuente: El Salto Diario
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