El Gobierno de Carlos Mazón ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras adjudicar a dedo un contrato de emergencia de 3,9 millones de euros para la reparación de una presa seriamente dañada por la DANA.
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La empresa beneficiada, Becsa SA, está dirigida por un empresario condenado en el caso Gürtel, quien confesó la financiación ilegal de la ‘caja B’ del PP valenciano.
El contrato, otorgado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, ha sido adjudicado por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, bajo la dirección del popular Miguel Barrachina.
Esta decisión ha generado una ola de críticas por la falta de transparencia y la elección de una empresa vinculada a uno de los mayores escándalos de corrupción en España.
Contratos a dedo para un condenado
Gabriel Alberto Batalla Reigada, accionista de Becsa SA, fue condenado en 2018 por delitos electorales y falsedad documental tras un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.
La empresa, que ya había recibido otros contratos de emergencia, se encargará de las obras en la presa de Buseo, situada en el cauce del río Reatillo. La djudicación directa de este contrato ha suscitado dudas sobre la transparencia y la ética del proceso.
Aunque la reparación de la presa es una necesidad urgente debido a los graves daños estructurales causados por la DANA, la elección de una empresa con un historial tan controvertido ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades.
La oposición ha exigido explicaciones y ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el procedimiento de adjudicación.
Compromís ha pedido el apoyo del PSPV para una moción de censura contra Mazón por su gestión de la emergencia. Además, se ha cuestionado la idoneidad de otorgar contratos millonarios a empresas vinculadas a casos de corrupción, subrayando la necesidad de mayor transparencia y control en las adjudicaciones públicas.
Este nuevo escándalo pone de manifiesto la urgencia de reformar los procedimientos de contratación pública en España para garantizar que se realicen de manera justa y transparente, evitando así la perpetuación de prácticas corruptas que socavan la confianza en las instituciones.
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