Fausto 
El Solidario. Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador.
La derecha madrileña ha cruzado otro umbral de impunidad. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha pedido sentar en el banquillo al Fiscal general del Estado, en una maniobra tan grotesca como reveladora.
Su defensa, según publica un medio digital, ha remitido un extenso escrito al juez que omite hechos clave de su propio proceso judicial, mientras agita una narrativa de persecución para desviar el foco del verdadero escándalo: su confesión por fraude fiscal.
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El escrito ignora sin pudor las contradicciones entre las declaraciones del empresario y su abogado, silencia el papel jugado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, en la difusión interesada de datos judiciales, y ni menciona que fue la propia defensa quien entregó su confesión al abogado del Estado antes de que existiera cualquier filtración.
Una jugada burda que, sin embargo, apunta a algo mucho más profundo: el uso sistemático del lawfare y el aparato institucional para blindar a la presidenta madrileña.
La estrategia es conocida. Cuando no se puede negar el delito, se ataca a quien lo investiga. Se manipulan los hechos, se intoxica el debate público y se recurre al victimismo institucional. Lo más grave es que este tipo de actuaciones buscan generar un efecto disuasorio en el sistema judicial, sembrar dudas sobre la imparcialidad de los fiscales y debilitar la credibilidad de las instituciones democráticas.
El silencio cómplice de Ayuso frente a este nuevo ataque a la legalidad debería escandalizar a cualquier demócrata. Pero en la política de barro que practica la derecha madrileña, la verdad es un estorbo. El caso de González Amador no es solo un asunto judicial, es una radiografía del poder cuando se desentiende de la ética y convierte la mentira en arma de gobierno.
La ciudadanía merece una política pública limpia y una justicia libre de presiones. Y también merece conocer quién está dispuesto a torcer la ley para salvar su silla.
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