El Ayuntamiento de La Adrada incumple la Ley de Urbanismo en el expediente del ‘chalet ilegal’ del juez Peinado
Colotxa 
El juez Juan Carlos Peinado. Ilustración de EL PLURAL // El Solidario
El consistorio del PP delegó la investigación en un “asesor municipal externo”, cuando es un funcionario, el legislador autonómico, quien determina la legalidad de una vivienda, lo que podría derivar en la nulidad del procedimiento.
El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), gobernado por el Partido Popular, podría haber incurrido en un incumplimiento de la Ley de Urbanismo al designar a un «arquitecto asesor municipal» para instruir el expediente sobre el “chalet ilegal” del juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación a Begoña Gómez.
Según el denunciante del caso, la designación de este profesional podría buscar favorecer al juez Peinado, evitando un examen riguroso de la legalidad de su vivienda. El inmueble, paralizado en su momento por el exalcalde socialista Hilario Gabriel Ruda, fue construido sin licencia de obra ni proyecto aprobado.
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Fuentes expertas en legislación urbanística señalan que esta irregularidad podría vulnerar el artículo 47.1 de la Ley 5/1999 de Castilla y León, afectando la validez de cualquier resolución adoptada. Además, el proceso debe resolverse en un plazo máximo de seis meses, con posibilidad de prórroga de tres meses adicionales. De no emitirse resolución en ese tiempo, el expediente caducaría, aunque no impediría la aplicación de sanciones si se confirmara una infracción urbanística.
«El doble rasero entre lo que se exige a la ciudadanía y lo que se permite a figuras de poder no solo erosiona la confianza pública, sino que alimenta la sensación de impunidad privilegiada” denunciaba El Solidario ya a finales de febrero.
En paralelo, Peinado ha dado un paso adelante en la causa contra Begoña Gómez, citando a Bolaños para que testifique sobre la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Según fuentes jurídicas, esta estrategia podría interpretarse como parte de una guerra de poder dentro del aparato judicial, donde la corrupción y la prevaricación parecen extenderse en múltiples direcciones. La ofensiva del magistrado se produce en un momento en el que su propia situación legal está bajo escrutinio.
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