Alfonsina 
Manifestación masiva en Santiago de Compostela en contra de la macrocelulosa de Altri 15/12/2024 / Álvaro Ballesteros / El Solidario
Cuando el beneficio económico prima sobre la protección ambiental, es la ciudadanía y el ecosistema quienes pagan las consecuencias. Galicia vive un momento decisivo.
Cronología del proceso legislativo y judicial sobre las evaluaciones
Legislación pasada: El control público hasta el 2021
Las evaluaciones de impacto ambiental en Galicia eran responsabilidad exclusiva de la Xunta de Galicia, a través de sus técnicos y funcionarios. Las autoridades públicas revisaban los informes, asegurando que los proyectos industriales cumplieran con las normas ambientales.
Modificación Legislativa: La privatización entre 2021 y 2023
La Xunta introduce una modificación legislativa permitiendo que las evaluaciones de impacto ambiental fueran externalizadas a empresas privadas acreditadas. Con el objetivo de agilizar los procesos y reducir la burocracia, según la Xunta, favoreciendo el crecimiento económico y la inversión industrial en la región.
Problema Detectado: El conflicto de Intereses en 2023
El modelo comenzó a generar preocupación entre ecologistas y la sociedad civil, ya que las mismas empresas que promovían proyectos industriales podían contratar empresas consultoras privadas que validaran los impactos, sin supervisión estricta de las autoridades públicas.
Un fallo judicial que sacude a la Xunta: El peligro de las evaluaciones ambientales en manos privadas
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido un contundente varapalo a la Xunta al anular la posibilidad de delegar las evaluaciones ambientales en empresas privadas.
Ya que esta práctica, ampliamente cuestionada, deja la protección del ecosistema gallego en manos de actores con claros intereses económicos, como en el caso del polémico proyecto de la planta de celulosa de Altri en Palas de Rei.
La cronología expuesta evidencia un modelo político que prioriza el crecimiento industrial sobre la conservación de la biodiversidad y la salud de los habitantes.
El fallo abre un debate crucial sobre la necesidad de garantizar que las decisiones ambientales sean tomadas desde lo público, con criterios técnicos y transparentes.
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Desafíos del debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental
Galicia, con sus montes, ríos y costas, no puede ser un escenario para proyectos extractivistas que hipotecan su futuro. La apuesta debe centrarse en políticas públicas firmes, sostenidas y participativas, que protejan la riqueza natural y favorezcan un desarrollo sostenible.
Las sociedades moldean su futuro desde la memoria y la exigencia. Hoy, más que nunca, es vital que la ciudadanía reclame gobiernos que no entreguen su patrimonio natural a intereses privados. Solo con una legislación sólida y una vigilancia activa evitaremos que las próximas generaciones hereden un ecosistema devastado.
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