Fausto 
Archivo/ELSOLIDARIO.Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid.
La estrategia de confrontación institucional de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a chocar con la realidad jurídica. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han tumbado varios de los recursos y leyes impulsados por la Comunidad de Madrid, evidenciando que la presidenta autonómica no solo vulnera el espíritu del Estado de Derecho, sino que insiste en invadir competencias estatales para alimentar su agenda ideológica.
En su cruzada contra el Gobierno central, Ayuso ha tratado de impugnar leyes fundamentales como la de la eutanasia o las normativas que protegen los derechos LGTBI, alegando que su comunidad tiene plena potestad para regular en esos ámbitos.
MUY INTERESANTE
Pero la justicia ha sido clara: ni el capricho político ni la ideología conservadora están por encima de la ley. Con sus reiterados fracasos jurídicos, lo que queda al descubierto es un intento sistemático de recentralizar el poder autonómico hacia un proyecto ultraliberal y reaccionario.
El diario eldiario.es informa que los magistrados han sancionado duramente la actitud de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno ha sido reprendido por extralimitarse una y otra vez.
En lugar de gestionar con responsabilidad, Ayuso ha preferido hacer de la política del enfrentamiento su sello personal, usando recursos públicos para librar batallas perdidas desde el principio.
Mientras la ciudadanía madrileña exige servicios públicos sólidos, sanidad digna y políticas sociales efectivas, la presidenta emplea su tiempo y presupuesto en alimentar una imagen de mártir del “centralismo socialista”.
Pero los tribunales no legislan titulares. Y Ayuso, por mucho que lo intente, no puede reescribir las competencias ni redibujar el orden constitucional.
Es hora de que la política madrileña vuelva a la sensatez, al diálogo y al respeto por el marco legal. Porque gobernar no es provocar al Estado, sino trabajar por el bienestar de quienes más lo necesitan.
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