
Óscar Cañas-Europa Press/El Solidario. Isabel Díaz Ayuso Covid.
Antonio Burgueño, exasesor sanitario de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia, ha visto suspendida su declaración como testigo para ser considerado imputable por su papel en la no derivación hospitalaria de ancianos en residencias.
El Juzgado de Leganés investiga las decisiones que dejaron a miles de mayores abandonados a su suerte mientras la Comunidad de Madrid priorizaba la desescalada rápida sobre el derecho a la salud.
MUY INTERESANTE
Burgueño, nombrado mando único sanitario por el Gobierno de Ayuso, admitió ante el juez haber tenido competencia directa en las polémicas órdenes que impidieron trasladar a hospitales a residentes con COVID-19, una práctica que Amnistía Internacional calificó de «violación de derechos humanos».
Según datos del INE, 7291 personas murieron en residencias madrileñas durante la primera ola, muchas sin atención médica.
Medios de comunicación han documentado cómo la gestión de Ayuso convirtió las residencias en zonas de sacrificio, mientras la presidenta presumía de «libertad» ante las restricciones.
Expertos en salud pública como Beatriz González López-Valcárcel (Universidad de Las Palmas) denuncian que se priorizó el negocio privado sobre la vida: «Faltaron camas públicas porque años de recortes habían desmantelado el sistema».
La imputación de Burgueño evidencia que la justicia empieza a rascar la pintura del relato oficial. Como escribió Manuel Rico, director de Público desde abril de 2025, «la impunidad de los poderosos tiene límites cuando la presión social persiste».
Mientras, las víctimas esperan justicia. Porque lo ocurrido en las residencias no fue un «error»: fue una elección política. Y quienes la tomaron deben responder por ello.
Síguenos en nuestras redes sociales @elsolidariorg / X: @X_ElSolidario y en nuestro canal de Whatsapp El Solidario; Instagram: @elsolidariorg TikTok: @elsolidarionews; Facebook: @ElSolidario