
Ilustración: Isabel Díaz Ayuso recorte recursos a la educación pública y los invierte en la privada.
El sistema educativo en España atraviesa una de sus crisis más profundas. Mientras el número de alumnos en centros privados de Formación Profesional a distancia se ha disparado en los últimos años, con un incremento de más de 1.400 estudiantes desde 2015, lo cierto es que este fenómeno refleja una tendencia preocupante hacia la privatización de la educación.
Esta situación, que afecta principalmente a las clases trabajadoras, pone en evidencia una tendencia que cada vez va ganando más fuerza: los jóvenes de hoy enfrentan enormes dificultades para acceder a una educación pública y de calidad.
El impacto de la privatización se ve reflejado en la creciente imposibilidad de muchos jóvenes para acceder a los grados universitarios o formativos sin que ello implique una carga económica insostenible para las familias.
Las instituciones privadas ofrecen una educación cada vez más costosa, mientras que el sector público se ve constantemente recortado. La barrera económica que supone estudiar en la universidad pública es cada vez mayor, lo que deja a muchos jóvenes sin una oportunidad real de continuar su formación.
Además, el fenómeno de los títulos regalados en algunas universidades privadas, especialmente en programas de másteres habilitantes, ha aumentado, cuestionando la calidad y seriedad del sistema educativo.
El desprecio de la extrema derecha hacia la educación pública está quedando patente, ya que su modelo favorece la educación como un bien privado y no como un derecho fundamental que debería ser accesible para todos, independientemente de su origen económico.
La privatización no solo es un problema social, sino que amenaza con perpetuar las desigualdades de clase, limitando las oportunidades de los hijos de los trabajadores.
Es hora de exigir medidas sociales contundentes y una fuerte legislación que proteja la universidad pública y garantice el acceso equitativo a una educación de calidad.
Si no reaccionamos ahora, nos enfrentamos a un futuro donde solo los más privilegiados puedan acceder a la formación superior, dejando a la mayoría fuera de un sistema que debería ser inclusivo y solidario. La privatización de la educación no es una tendencia que debamos permitir.
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