En España, el 80% de las denuncias por violación no llegan a juicio, y solo una de cada diez culmina en condena. Un estudio del Instituto de Medicina Legal de Cataluña analizó 200 casos de violación que se habían abierto entre 2011 y 2012. De estos, solo 22 llegaron a juicio, y únicamente 11 resultaron en condena. El estudio reveló, por primera vez en España, una realidad poco conocida pero clave en muchos debates actuales: la mayoría de las denuncias por violación fracasa en el ámbito judicial.
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A nivel nacional, entre 2015 y 2021, se registraron 14.726 denuncias por violación, pero solo se dictaron 2.851 sentencias, lo que representa una tasa de enjuiciamiento del 19,3%. De estas, aproximadamente 1.432 fueron condenatorias, es decir, un 9,7% del total de denuncias.
Esta alarmante estadística se desprende de un análisis realizado por EL PAÍS, que cruzó datos del Ministerio del Interior y un estudio de la Universidad de Salamanca. La socióloga Esmeralda Ballesteros, de la Universidad Complutense, señala que «agredir sexualmente sale gratis», enfatizando la impunidad prevalente en estos delitos. El catedrático Josep María Tamarit, de la Universitat Oberta de Catalunya, confirma que esta tendencia se observa en numerosos países.
Diferentes causas
Las causas de este elevado porcentaje de archivos son diversas. La ingesta de alcohol por parte de la víctima puede dificultar el recuerdo de los hechos, la demora en presentar la denuncia complica la recolección de pruebas, y en muchos casos, el agresor es un conocido o expareja, lo que introduce la creencia errónea de un consentimiento implícito.
Además, las infraestructuras judiciales y policiales no están adecuadamente preparadas para manejar estos casos de manera efectiva, con un alto grado de archivado sin procesamiento. La reciente reforma para que los juzgados de violencia de género asuman estos casos podría empeorar la situación debido a la sobrecarga judicial.
La falta de formación en perspectiva de género y psicología entre el personal judicial y policial también contribuye a esta problemática. Las víctimas a menudo enfrentan procesos judiciales largos y revictimizantes, lo que desincentiva la denuncia y perpetúa la impunidad.
La mayoría de las denuncias por violación en España no prosperan en el sistema judicial, lo que evidencia una necesidad urgente de reformas estructurales y formativas para garantizar justicia y apoyo a las víctimas de agresiones sexuales.
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