Deportado por error y ahora acusado: la nueva batalla judicial entre la Administración Trump y la justicia federal
Moreno Sanlés Alberto 
CNN/ElSolidario: “Durante los últimos dos meses, el poder ejecutivo ha actuado no solo en desacato a múltiples órdenes judiciales, sino también en abierto desafío hacia su rama de gobierno equivalente, el poder judicial”
Los abogados de Kilmar Ábrego García, persona migrante procedente de El Salvador deportado erróneamente, acusaron este domingo al Gobierno de Donald Trump de incumplir una orden de un tribunal federal que exigía su regreso al estado de Maryland. El objetivo: iniciar un proceso de desacato.
Según argumentan, la orden judicial establecía que el inmigrante debía volver a Maryland, donde reside su familia y donde se desarrolla su proceso civil. Sin embargo, ha sido enviado a una cárcel en Tennessee, al haber sido acusado de transportar personas indocumentadas por la fiscal estadounidense Pam Bondi.
Una nueva acusación tras ser repatriado
Estos nuevos cargos federales contra Ábrego se derivan de un encuentro ocurrido en 2022 con agentes de policía en Tennessee, cuando el inmigrante viajaba con varias personas que, según se indica, eran indocumentadas.
En el documento entregado al tribunal, sus abogados aseguran que la acusación fue presentada de forma secreta ante un gran jurado, justo después de que el Ejecutivo alegara que no podía repatriar a Ábrego desde El Salvador. “Durante los últimos dos meses, el poder ejecutivo ha actuado no solo en desacato a múltiples órdenes judiciales, sino también en abierto desafío hacia su rama de gobierno equivalente, el poder judicial”, escribieron los juristas.
En caso de ser hallado culpable, Kilmar Ábrego García podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
Ábrego contaba con un estatus legal que lo protegía de la deportación, pero fue incluido en un grupo de más de 230 inmigrantes que fueron enviados a El Salvador, pese a las órdenes judiciales que declaraban su deportación ilegal. El caso ha generado fuertes tensiones entre la Administración Trump y el poder judicial, siendo calificado por expertos legales como una posible “crisis constitucional”.
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