De la ley del concebido no nacido a las ayudas estrella: el limitado alcance real de la estrategia de Ayuso
Rocío Benítez 
Fuente EFE
La polémica ley del «concebido no nacido» impulsada por Isabel Díaz Ayuso entró en vigor el pasado 11 de julio, después de ser publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La norma, aprobada por el PP con los votos de Vox, reconoce al embrión como parte de la unidad familiar y llega tras semanas de críticas de la oposición, que la considera una forma de librar una «batalla cultural» con guiños a los sectores contrarios al derecho al aborto.
El camino hasta su entrada en vigor no fue sencillo: la propia Mesa de la Asamblea de Madrid llegó a suspender su tramitación a mediados de junio en medio de la polémica, antes de que el PP terminara sacándola adelante junto a Vox el 2 de julio. «Cada vida importa desde el primer suspiro», defendió Ayuso, presentando la norma como parte de una política de apoyo a la familia y la natalidad.
El respaldo político a la norma no se ha quedado en Madrid: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que impulsaría una «ley nacional del concebido no nacido» calcada de la de Ayuso si llega a gobernar, lo que confirma que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del partido en materia de familia y natalidad, y no de una medida aislada de la Comunidad de Madrid.
Pero mientras el Gobierno madrileño dedica energía política a normas simbólicas como esta, colectivos sociales y la oposición llevan tiempo señalando el otro lado de la moneda: las «ayudas estrella» que Ayuso presenta como apoyo a las familias suelen traducirse en cheques o bonos puntuales, de dotación limitada, que no resuelven problemas de fondo como la falta de plazas públicas de escuela infantil, el precio de la vivienda o la saturación de la sanidad materno-infantil. Reconocer al no nacido en una ley cuesta poco; sostener con recursos reales a los que ya han nacido, mucho más.
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