De la exclusión al desamparo: las deportaciones masivas de haitianos en República Dominicana
María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen de hoy.com.do : El Solidario. Punta Cana se convierte en un infierno para las personas migrantes haitianas.
En un escenario paradójico donde el lujo y el turismo son la cara visible, Punta Cana se convierte en un infierno para las personas migrantes haitianas. República Dominicana ha intensificado sus políticas de deportación, sumiendo a miles de haitianos en un ciclo de discriminación, abusos y desarraigo.
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Del paraíso turístico al infierno migratorio
En los últimos meses, los operativos de detención y deportación en zonas turísticas como Punta Cana han alcanzado niveles alarmantes. Las autoridades migratorias han implementado redadas masivas, muchas veces de forma arbitraria, deteniendo a personas por su color de piel o por no portar documentación. Según activistas de derechos humanos, estos procedimientos son a menudo violentos y dejan a los migrantes en condiciones inhumanas antes de ser deportados.
La frontera dominico-haitiana es testigo de un flujo migratorio constante debido a la grave crisis política, económica y social que atraviesa Haití. Sin embargo, en lugar de apoyo o soluciones humanitarias, las autoridades dominicanas responden con políticas restrictivas y discriminatorias, que priorizan la deportación inmediata sobre los derechos humanos de las personas migrantes.
En los centros de detención, las condiciones son deplorables. Testimonios recientes hablan de hacinamiento extremo, falta de acceso a alimentos, agua potable y atención médica, lo que convierte estas instalaciones en auténticos centros de sufrimiento. Mientras tanto, organizaciones internacionales y activistas han condenado estas prácticas, calificándolas como violaciones flagrantes a los derechos humanos.
La criminalización de la migración refuerza una narrativa peligrosa que perpetúa el racismo y la xenofobia, erosionando cualquier posibilidad de integración o justicia social para las personas haitianas en República Dominicana. Este contexto plantea preguntas urgentes: ¿cuál es el costo humano de estas políticas? ¿Y qué responsabilidad tiene la comunidad internacional frente a esta crisis?
Es crucial recordar que ninguna persona es ilegal. Las políticas migratorias deben priorizar la dignidad humana por encima de cualquier frontera. Lo que ocurre en Punta Cana no solo expone las fallas del sistema dominicano, sino que nos interpela a todos a luchar por un mundo más justo y solidario.
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