Fuente EFE
¿Quién dijo que detrás de cada persona migrante hay siempre una mafia? En buena parte de la frontera terrestre entre España y Marruecos, la respuesta es que nadie. Miles de jóvenes marroquíes saltan la valla de Ceuta y Melilla, o cruzan a nado, organizándose entre ellos a través de grupos de WhatsApp, Facebook o Telegram, sin pagar un euro a ningún intermediario.
El relato oficial, que el Gobierno español repitió tras la entrada de 72.000 personas en 72 horas en Ceuta, atribuye buena parte del fenómeno a redes criminales. Pero las mafias que operan en el Mediterráneo y hacia Canarias, donde el trayecto marítimo cuesta entre 700 y 800 euros, no son las mismas que actúan en las fronteras terrestres. Ahí, quienes no tienen recursos económicos esperan el momento oportuno: un día festivo, un cambio de clima, un relajamiento en los controles.
Eso no significa que no existan redes de explotación. Al contrario: tras la crisis humanitaria de Ceuta se han reactivado mafias de narcotraficantes marroquíes que cobran por cruzar el Estrecho en lancha rápida hasta Algeciras, y en 2019 llegó a costar hasta 6.000 euros atravesar en moto de agua. La violencia y el negocio existen, pero no siempre donde el discurso político los sitúa.
Confundir deliberadamente ambos fenómenos tiene una función: convierte a la persona migrante en víctima de una trama criminal externa y evita hablar de las causas reales que empujan a miles de jóvenes a jugarse la vida: la represión, el desempleo, la falta de futuro en sus países de origen. Mientras el relato de las mafias domine el debate, seguirá siendo más fácil hablar de seguridad fronteriza que de las políticas migratorias que producen esa desesperación. Detrás de cada salto a la valla hay una historia de organización colectiva y necesidad, no siempre de crimen organizado. Ignorarlo solo sirve para justificar más muros y menos derechos.