
Tomado de RTVE/El Solidario. Los menores migrantes, víctimas de conflictos, pobreza y persecución, son tratados como cifras y no como personas con derechos.
La gestión de menores migrantes en España enfrenta un nuevo punto de inflexión. El Gobierno, incapaz de pactar con el Partido Popular (PP), negocia con Junts una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir responsabilidades entre las comunidades autónomas.
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Esta medida busca responder a una crisis migratoria que ha desbordado el sistema de acogida, sacando a la luz pública las desigualdades en la capacidad de las autonomías para gestionar esta problemática.
El contexto es alarmante: la llegada de menores no acompañados (MENAs) ha crecido significativamente, lo que genera tensiones en los sistemas de protección infantil y políticas sociales de regiones como Canarias y Andalucía, las más afectadas por su ubicación geográfica.
No hay voluntad política
Sin embargo, en la reciente conferencia de presidentes, se constató la falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo entre partidos. Mientras el PP adopta una postura rígida y acusa al Ejecutivo de improvisación, el Gobierno se ve obligado a explorar alianzas alternativas para avanzar en la protección de los menores.
La crisis migratoria en España no es un fenómeno aislado. Es el espejo una problemática global en la que las políticas de migración y acogida se encuentran atrapadas entre intereses políticos, xenofobia y la necesidad de cumplir con compromisos internacionales.
Los menores migrantes, víctimas de conflictos, pobreza y persecución, son tratados como cifras y no como personas con derechos. La reforma del artículo 35 plantea una distribución más equitativa de las responsabilidades autonómicas, algo que debería ser básico en un Estado que se precia de solidario.
No obstante, la falta de consenso político retrasa las soluciones y perpetúa la precariedad de estos menores, quienes a menudo quedan expuestos a la exclusión social y la explotación.
España, como puerta de entrada a Europa, tiene la oportunidad y la obligación de liderar políticas migratorias que respeten los derechos humanos.
Pero, ¿puede un país avanzar si la solidaridad es rehén de disputas partidistas? La situación exige una reflexión profunda sobre nuestras prioridades: ¿qué tipo de sociedad queremos construir frente a los retos migratorios? Una en la que el oportunismo prevalezca o una en la que la empatía y la justicia social sean los pilares.Te leemos en los comentarios.
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