Un tribunal condenó este jueves, entre seis meses y un año de prisión, a siete activistas feministas por su participación en una manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Las mujeres, que fueron arrestadas durante la marcha de 2018, enfrentaban cargos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. La sentencia ha vuelto a generar polémica y ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos como un intento de criminalizar la protesta pacífica y de infundir temor en la ciudadanía que participa en manifestaciones.
Llevan seis largos y tediosos años de proceso judicial con todo el desgaste físico y mental que conlleva, aún así ellas comentan que nada ni nadie las pararán, continuarán alzando la voz por sus derechos y sus ideales.
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Según la defensa de las acusadas, la sentencia será recurrida ya que ésta vulnera el derecho de libre expresión y manifestación y solo se trataban de mujeres exigiendo igualdad y dando visibilidad a la violencia de género. La condena sería un claro ejemplo de represión, ya que durante la manifestación no sucedieron grandes incidentes ni daños graves.
Diversas agrupaciones feministas y colectivos sociales se han pronunciado en contra de la sentencia y han convocado una marcha de apoyo para las condenadas, denunciando que la sentencia pretende inculpar a quienes luchan por la igualdad de derechos. «La sentencia es un intento de meter miedo, pero no dejaremos de alzar la voz», declaró una de las activistas condenadas a la salida del tribunal.
De forma positiva, las activistas comentan que han logrado alianzas con diversos colectivos y que están agradecidas por el amplio apoyo y la máxima solidaridad que han recibido.
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