Fatima Makhoukh 
Archivo AFP/ELSOLIDARIO.Miembros de las fuerzas de seguridad leales a Al Sharaa posan con sus armas.
En las últimas 72 horas, el noroeste de Siria ha sido escenario de una escalada de violencia que ha resultado en la muerte de más de 970 civiles, incluyendo mujeres y niños. Esta tragedia se enmarca en la ofensiva de las fuerzas de seguridad de las nuevas autoridades sirias contra grupos leales al depuesto presidente Bashar al Assad, quien huyó a Rusia en diciembre del año pasado.
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Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, desde el inicio de la operación el pasado viernes, se han perpetrado cerca de 40 masacres. Las más recientes ocurrieron en localidades como Harat al Quneitra, cerca de Tartús; la ciudad de Banias y el barrio de Al Datur, en Latakia; así como en las aldeas de Ramle y Rusafa, en la zona rural de Masyaf, cerca de Hama. La gobernación de Latakia ha sido la más afectada, con al menos 545 civiles fallecidos, seguida de Tartús con 262 y Hama con 156.
El presidente de transición, Ahmad al Sharaa, ha respondido a esta crisis anunciando la creación de una comisión para «preservar la paz civil», integrada por tres miembros, incluidos los gobernadores de Latakia y Tartús. Esta comisión tiene como objetivo mantener comunicación directa con las comunidades afectadas, brindarles apoyo y fortalecer la unidad nacional en este momento crítico. Además, se ha establecido una comisión nacional independiente compuesta por siete magistrados para investigar las recientes masacres en la costa siria, con un informe previsto en los próximos 30 días.
En un mensaje a la nación, Al Sharaa ha enfatizado que «no habrá nadie por encima de la ley» y que todos los responsables de derramamiento de sangre serán castigados. Ha condenado enérgicamente a las fuerzas vinculadas al antiguo régimen por los «crímenes atroces» y ha instado a su rendición inmediata. Este pronunciamiento se produce en vísperas de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación en Siria, convocada a petición de Rusia y Estados Unidos.
La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AANES), brazo político de las principales milicias kurdas-árabes, ha condenado la violencia contra civiles y ha instado a las autoridades de Damasco a garantizar que las comisiones investigadoras actúen con justicia y transparencia. Han advertido que estos acontecimientos «nos retrotraen a una época oscura que el pueblo sirio no quiere repetir» y obstaculizan la construcción de una Siria inclusiva y libre de sectarismos.
La comunidad internacional manifiesta su preocupación por esta escalada de violencia en Siria. La pérdida de vidas civiles y las masacres perpetradas resaltan la urgencia de una intervención decidida para proteger a la población y promover una transición pacífica y democrática en el país.
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