Fuente El País
El llamado “miedo a la autonomía” ha sido durante años uno de los grandes frenos para la adopción del coche eléctrico en España, junto al precio y la propia autonomía de los vehículos. Sin embargo, el Gobierno asegura que esta barrera empieza a desaparecer: el 90% de la red principal de carreteras cuenta ya con un punto de recarga de al menos 100 kW a menos de 60 kilómetros.
Según datos oficiales, España dispone de 56.181 puntos de recarga públicos, de los cuales más de 12.100 son cargadores rápidos (entre 50 y 150 kW). Además, los cargadores ultrarrápidos (más de 350 kW) siguen creciendo, lo que refleja un avance notable en la infraestructura eléctrica.
No obstante, esta cifra tiene matices importantes. La normativa europea AFIR exige que en 2030 haya cargadores de al menos 150 kW cada 60 kilómetros en las principales rutas. En el caso español, aunque existe cobertura dentro de ese radio, muchos puntos no están directamente en la autovía, sino en localidades cercanas. Es decir, se cumple parcialmente la distancia, pero no la ubicación ni la potencia exigida.
El impulso a esta red ha llegado en gran parte gracias al programa Moves Corredores, que ha destinado cerca de 97 millones de euros a proyectos de carga rápida. Aún quedan fondos adicionales previstos para nuevas convocatorias, con el objetivo de cubrir las llamadas “zonas en sombra”, áreas sin infraestructura suficiente.
El mensaje institucional es claro: la recarga ya no debería ser una excusa. España cuenta incluso con más puntos de carga que gasolineras, pero el verdadero reto ya no es solo la cantidad. Factores como la potencia, la fiabilidad y la distribución territorial serán clave para sostener el crecimiento del vehículo eléctrico.
En definitiva, la red mejora y avanza, pero todavía queda camino para cumplir plenamente con los estándares europeos y ofrecer una experiencia realmente comparable a la de repostar en una gasolinera tradicional.