Fuente EFE
Un incendio forestal es, ante todo, peligroso: implica personas evacuadas, heridas o incluso muertas, además de daños medioambientales y viviendas destruidas. Pero también tiene otra cara: es caro. Las labores de extinción cuestan mucho más que las de prevención, que resultan más rentables y eficientes para gestionar estos desastres. Aun así, las partidas presupuestarias siguen muy lejos de los niveles recomendables.
Por cada euro que se invierte en prevención, se reducen 100 en la factura de la extinción, según el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Greenpeace, por su parte, cifra el coste medio entre 10.000 y 19.000 euros por hectárea quemada, dependiendo de si intervienen medios aéreos, maquinaria o brigadas móviles. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios, en lo que va de 2026 se han quemado ya unas 130.000 hectáreas en España, una superficie equivalente al municipio de Córdoba y un gasto estimado de entre 1.300 y 2.470 millones de euros.
Un informe coordinado por investigadores de las universidades de Oviedo y Murcia, publicado este mes en la revista Mediterráneo Económico, defiende que una gestión forestal activa a lo largo de todo el año, con mayor presencia humana en el territorio, reduce la probabilidad de incendios de alta intensidad y protege tanto el paisaje como la biodiversidad. Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad de Greenpeace, recuerda que la mayoría de los incendios se originan «por negligencias o despistes» y que el problema no es que existan, sino la magnitud que alcanzan.
Pese a las recomendaciones de ecologistas y expertos, el gasto presupuestado por las administraciones sigue muy alejado de lo necesario. Los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, correspondientes a 2024, sitúan la inversión conjunta en 143,8 millones de euros, mientras que Greenpeace calcula que harían falta unos 1.000 millones anuales para gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal. Ojeda reclama un compromiso político real frente a la crisis climática y la aprobación urgente de un pacto de Estado que permita gestionar mejor los incendios en los próximos años.