Fausto 
El Solidario. Mujeres maltratadas sufren revictimización.
El Ministerio de Infancia y Juventud ha puesto en marcha la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) con el objetivo de fortalecer la defensa de los menores y, especialmente, de las madres protectoras.
Sin embargo, el problema no es solo normativo, sino estructural: el castigo sistemático a las mujeres que denuncian violencia sigue siendo una realidad en el sistema judicial.
Cuando una madre denuncia que el padre de sus hijos es un maltratador, en demasiadas ocasiones la respuesta institucional es la criminalización. Los tribunales siguen aplicando el inexistente “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), desacreditando su testimonio y castigándolas con la retirada de la custodia. En lugar de priorizar la seguridad de los menores, se perpetúa una lógica patriarcal que protege al agresor y somete a las víctimas a un calvario judicial.
Las organizaciones especializadas han propuesto cinco claves para garantizar una protección real. Entre ellas, destacan la prohibición expresa del SAP en cualquier procedimiento judicial, el fortalecimiento de la formación de jueces y fiscales en violencia machista y la necesidad de asegurar medidas cautelares efectivas para evitar que los menores sean obligados a convivir con su maltratador.
España no puede permitirse seguir fallando a estas madres y a sus hijos. Si la LOPIVI quiere ser realmente eficaz, debe traducirse en mecanismos ágiles y vinculantes que impidan el uso de tácticas de desgaste judicial contra las denunciantes. De lo contrario, la violencia seguirá perpetuándose en nombre de una supuesta equidad mal entendida.
El castigo a las madres protectoras es una herida abierta en nuestro sistema de protección infantil. La reforma de la LOPIVI es una oportunidad para corregir décadas de injusticia, pero solo si se enfrenta el problema con valentía. No hay medias tintas cuando está en juego la vida de los menores.
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